La Consejería, su actual titular, presenté meses después, al Parlamento de Canarias, para su discusión y aprobación, la derogación de la citada norma.
Al existir actualmente un Gobierno en Canarias conformado por un pacto de 2 partidos políticos que obtuvieron la mayoría  de votos  (Coalición Canaria y Partido Popular), pero no la mayoría absoluta, se produjo una fuerte discordia y discusión. La complejidad vino dada por la presión ejercida por agentes sociales a los que la norma en vigor , aparentemente les favorecía, tales como la Federación Canaria de Empresarios extra-hoteleros, que en todo momento ha luchado para evitar su derogación en el Parlamento, insistiendo en que fueran los Tribunales de Justicia los que tuvieran que pronunciarse. El objetivo no era otro que ganar tiempo, un tiempo inútil, puesto que los Tribunales de Justicia paulatinamente se están pronunciando en contra de la norma y no permitiendo o dando curso exitoso a las demandas exigiendo "retracto", basadas en esta norma.

Pero finalmente el 28 de junio de 1999, se produjo un consenso entre las fuerzas políticas que provocaron la votación mayoritaria en sesión parlamentaria, a favor de la derogación de ésta "escandalosa y poco jurídica norma", que era inútil incluso para quienes pretendían beneficiarse con ella.
Debemos por tanto congratularnos con la buena noticia, pues significa que en Canarias sigue existiendo la libertad en las compraventas, ajustadas claro está a un sistema de normas legales que suelen ser idénticas (o similares) en toda la Comunidad Europea,sobre todo en los países cuyo derecho bebe de la fuente del Derecho Romano.

Finalmente , en el Boletín Oficial de Canarias, nº 94, del da Viernes 28 de julio del año 2000, en su página 10437, artículo 11 de la Ley 2/2000, de 17 de julio, de "Medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias",  APARECE DEROGADO EL RETRACTO EN LAS COMPRAVENTAS de bienes turísticos. 

Como anlisis a esta publicación debemos de decir que desde luego no se deja lugar a dudas de la "improvisación" en la que trabaja el Parlamento de Canarias, el legislador Canario. Un asunto de Turismo se ha incluido en una Ley de Organización de Personal de la propia  Comunidad Autónoma. Es desde luego "muy impactante", aunque el error ahora es el nombre de la Ley. No se indica "el porque se deroga", ni se hace mención a nada más. Simplemente, en medio de una Ley, se incluye un artículo, en este caso el número 11, que no tiene nada que ver con el resto de esa Ley. Ahora bien, lo importante para usted lector, es que el mercado de inversión inmobiliaria en Canarias vuelve a ser libre e igual que en el resto del territorio español.
Tras ser publicado en el Boletin Oficial de la Comunidad Autnoma de Canarias (B.O.C.A.), es desde esa fecha cuando podemos recomendar desde esta revista que invierta usted con plena tranquilidad y seguridad en bienes inmuebles en Canarias, ya sean turísticos o no.  

Ahora podemos decir que en Canarias, el Parlamento ha vuelto a la cordura, y pese a que en principio todos los controles de legalidad fallaron, ahora nos congratulamos de ver que con eficacia los políticos han defendido la legalidad y la Constitución. Esperemos, sin ánimo de desprecio, o descrédito, y mucho menos de revancha, que ese mismo Gobierno ponga en su sitio a quienes no cumplieron con eficacia su labor de control.
El abogado que les saluda no dudó en representar a Inmobiliaria KSR en esta batalla política y judicial contra un intento de vulnerar las más elemental norma de orden social, La Constitución Española, y se congratula en poder dar por zanjado este asunto con éxito, tras 16 meses de tenaz trabajo ante las instituciones de Gobierno de estas Islas.    

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